El gobierno catalán prepara algunos retoques en el impuesto a las emisiones de los grandes barcos para adaptarlo mejor a la realidad del sector portuario tras el diálogo mantenido en los últimos meses con el sector y con actores clave como el Puerto de Barcelona, que avala estos cambios.
Lluís Salvadó, presidente del puerto de Barcelona considera que «se ha caminado mucho» para mejorar este nuevo impuesto, mientras que fuentes del departamento de Economía de la Generalitat no han detallado qué cambios se han introducido, aunque aseguran que el impuesto ha generado muchas y muy profundas sugerencias que lo han acabado «mejorando y adecuando a la realidad portuaria».
Por ello, el Govern está «acabando de cerrar» junto al departamento de Acción Climática los aspectos técnicos del impuesto con el fin de aprobarlo tras el verano.
Salvadó tampoco ha desvelado las modificaciones que se están introduciendo, pero ha apuntado que este impuesto ha pasado de tener un enfoque inicial de tipo «fiscal» a uno «extrafiscal», en el sentido de que sirva como «herramienta de acompañamiento al sector» para ayudarlo en la reducción de sus emisiones contaminantes y para anticiparse en este proceso de descarbonización.
Salvadó, que en febrero alertó de que este impuesto podía provocar la deslocalización de cruceros, portacontenedores u otros grandes barcos para ir a otros puertos donde no tuvieran que pagar, considera ahora, tras las últimas versiones de esta nueva normativa, que el gobierno catalán ha mejorado su propuesta.
En la versión conocida hasta ahora, el anteproyecto de ley consideraba gran barco a aquella embarcación con una capacidad superior a 5.000 toneladas y establecía un gravamen de 1 euro/Kg/NOx/PM, es decir, de 1.000 euros por tonelada de emisión, que se incrementaría año a año hasta llegar a los 3,5 euros en 2026, el cuarto año de aplicación.
Aunque el presidente catalán, Pere Aragonès, anunció el pasado 28 de junio que el impuesto se aprobaría en julio, finalmente el gobierno regional no ha llegado a tiempo y fuentes del departamento de Economía de la Generalitat han precisado que está previsto que se apruebe después de las vacaciones de verano.
Estas fuentes han recordado que el objetivo del impuesto -que en un principio preveía recaudar entre 9,7 millones, el primer año de puesta en marcha, y 34 millones de euros, el cuarto año en vigor- es gravar emisiones, pero que no ha tenido nunca una finalidad recaudatoria, sino de ayudar a modificar comportamientos contaminantes.
Cabe recordar que en Barcelona, a la tasa de la Generalitat a los cruceros hay que sumarle la del consistorio local. Los pasajeros de cruceros que hagan una escala de menos de 12 horas (por lo que no pernoctarán en la ciudad) pagarán 5,75 euros, más del doble que en 2022 cuando pagaban 2,75 euros. Quienes recalen más de 12 horas pagarán algo menos (4,75 euros) porque se supone que hacen un turismo menos intensivo. La tasa municipal llegará finalmente a 3,25 euros en 2024.
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